Visto el Expediente N° 73.600/00, por el cual se instruyó el Sumario N° 621/00, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Expediente tramita la resolución del Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto a fs. 172, por el agente Jorge Omar Galíndez, F. N° 235.936, contra la Resolución N° 156/SMAYPU/03, por la cual se decretara su cesantía;

Que en la presentación en análisis la recurrente se agravia sosteniendo que el acto administrativo impugnado es ilegitimo, violatorio del artículo 19 de la Constitución Nacional;

Que al respecto cabe señalar que en virtud del principio de presunción de legitimidad de los actos, no se requiere que la legitimidad del acto sea declarada por la autoridad administrativa o judicial;

Que si bien alega expresamente la ilegitimidad del acto recurrido, no aporta elemento probatorio alguno que lo acredite no existiendo lugar a dudas que el acto recurrido ha sido dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente;

Que es inexacto que el acto administrativo recurrido sea violatorio del principio de igualdad ante la ley, ya que la legislación vigente en materia de Derecho Disciplinario tipifica las diversas conductas susceptibles de sanción otorgando a la Administración facultades discrecionales a los fines de la aplicación de las mismas;

Que la apreciación de las conductas de los agentes públicos y las sanciones que se aplican se encuentran reservadas exclusivamente a la misma Administración;

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en concordancia con lo expuesto que: En el ámbito administrativo disciplinario existe la necesidad de una razonable discrecionalidad, tanto en la graduación de la sanción como en el carácter abierto de los tipos que describen las conductas ilícitas (CS marzo 4/1994);

Que no debe dejarse de lado que la conducta de Galíndez ocasionó un perjuicio económico al Gobierno de la Ciudad;

Que el agravio referido a la violación de igualdad ante la Ley no resiste al mayor análisis, habida cuenta que invoca precedentes relacionados con hechos de otra naturaleza y acontecidos en circunstancias diversas, cuyo grado de gravedad y trascendencia difieren fundamentalmente de los hechos que constituyen el objeto del Sumario;

Que corresponde señalar que a pesar de los antecedentes señalados por quien recurre, no tienen identidad con la conducta reprochada y sancionada en el presente, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que sostuvo que para que exista agravio constitucional, la desigualdad invocada debe surgir del texto mismo de la Ley y no de la diversa inteligencia que pudieran haberle otorgado sucesivamente las autoridades encargadas de hacerla aplicar... (Fallos 302-315);

Que es erróneo que se haya aplicado la sanción con fundamento en una presunción, y no en pruebas precisas y contundentes, tal como se sostiene en el recurso;

Que al respecto la Dirección de Sumarios efectuó un exhaustivo análisis acerca de los elementos probatorios obrantes en los presentes actuados y respecto de su concordancia con los hechos en que se basaran los términos del cargo que oportunamente se formulara, concluyéndose terminantemente que ...ha de tenerse por acreditado que el encartado ha percibido sumas de dinero en forma reiterada, por medio de acreditaciones bancarias en concepto de liquidaciones complementarias sin justificación alguna..., dicha afirmación torna innecesaria toda otra consideración al respecto;

Que en cuanto a la inexistencia de elementos de pruebas, la recurrente afirma que la invocación de la prueba en el acto es arbitraria, antojadiza y producto de la imaginación de sentenciante;

Que dicha aseveración resulta de todas luces improcedente, y pareciera exteriorizar una suerte de confusión en cuanto al principio de División de Poderes;

Que en la presentación, el recurrente expresa que la sanción no ha sido graduada de conformidad a la falta;

Que puede inferirse que con este cuestionamiento admite la existencia de la falta que se le imputara;

Que en cuanto a lo expuesto en el Capítulo V del recurso en análisis, relacionado con el encuadre legal de la conducta de la sumariada, cabe señalar que cita las disposiciones aludidas en el acto administrativo, negando que su conducta encuadre en dicha normativa;

Que tales afirmaciones nada agregan sobre el particular, toda vez que no incorporan nuevos elementos de juicio que permitan modificar el criterio sustentado;

Que las razones socio económicas vertidas respecto de la consecuencia que la sanción producirá en la persona del encartado, en cuanto se afirma que será privado del derecho de trabajar, carecen de relevancia desde el punto de vista jurídico a los fines del recurso en análisis;

Que quien impugna el acto se limita a formular en abstracto críticas acerca del obrar de la administración, no aportando elemento de juicio alguno que acredite la veracidad de sus dichos;

Que por lo expuesto, cabe considerar que el acto administrativo impugnado deviene ajustado a derecho, habiendo sido dictado de conformidad con la normativa vigente, salvaguardándose en un todo el derecho de defensa que consagra la Constitución Nacional;

Que conforme lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde disponer el rechazo del recurso jerárquico interpuesto y confirmar, en todos sus términos la medida recurrida;

Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 1.607/GCABA/01,

Artículo 1° - Rechácese el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Jorge Omar Galíndez, F. N° 235.936, contra la Resolución N° 156/SMAYPU/03, por la que se decretara su cesantía.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de lo previsto en el artículo 11 del Decreto N° 698/GCABA/96, modificado por el Decreto N° 1.583/GCABA/01, cumplido, notifíquese al interesado a través de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de la Secretaría Jefe de Gabinete, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana y a la Dirección General de Recursos Humanos. Fernández