Visto el Expediente N° 6.302/99; y

CONSIDERANDO:

Que, con motivo de la formalización de convenios entre la Agrupación Salud Integral (A.S.I.) y las gerenciadoras Siglo XXI Salud S.A. y Argentina Salud S.A. en el concurso llamado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) para la prestación de atención médica a sus beneficiarios, dicha entidad comprometió bienes y servicios estatales, razón por la cual corresponde al Poder Ejecutivo establecer un debido contralor sobre aquélla, a través de los mecanismos de control correspondiente;

Que, en efecto, los mencionados convenios fueron examinados por la Procuración General, a través de los Dictámenes de fecha 9 de febrero y su complementario del día 24 de febrero ppdos., ambos recaídos en el Expediente N° 6.302/99 y lo propio efectuó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad a través de la Resolución de fecha 16 de febrero de 1999, en el Expediente N° 381/99, de los registros de ese Organismo;

Que en ambos casos, la opinión unánime de sendos Organismos de la Constitución, ha sido que dichos convenios no obligan al Gobierno de la Ciudad y que, por lo tanto, no le son oponibles, en tanto que fueron celebrados por quien no tenía ni autorización ni competencia para comprometer bienes y servicios estatales frente a empresas privada (v. gr. gerenciadoras), fuera del objeto específico de la A.S.I. y en exceso de su propio plazo de duración;

Que, con tal motivo y en un todo de acuerdo con la opinión vertida por ambos organismos, este Poder Ejecutivo ha resuelto dirigirse por nota al señor Presidente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a los fines de expresarle formalmente tal circunstancia, así como la de que el Gobierno de la Ciudad debe mantener, como hasta el presente, una relación directa con ese Instituto sin gerenciadoras intermediarias que detraigan parte de los fondos públicos destinados a atender a los jubilados y pensionados;

Que por último, cabe reafirmar que las prestaciones de salud de los hospitales de la Ciudad, atento el carácter de servicio público que revisten, se encuentran a disposición de todos quienes lo necesiten, en forma amplia e irrestricta, sin perjuicio de percibir por dichas prestaciones las retribuciones a cargo de ese Instituto o de aquellos que actúen en su nombre;

Que, asimismo, a efectos de examinar la actuación de la Agrupación Salud Integral (A.S.I.), corresponde encomendar a la Sindicatura General de la Ciudad, la realización de una auditoría integral sobre dicha entidad, cuyo resultado deberá ser elevado al Poder Ejecutivo dentro de los sesenta días, a fin de adoptar las medidas que correspondan;

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General y de acuerdo a las facultades conferidas por el Art. 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Artículo 1° Encomiéndase a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires la realización de una auditoría integral en la Agrupación Salud Integral (A.S.I.), cuyo resultado deberá ser elevado al Poder Ejecutivo dentro de los sesenta días, a fin de adoptar las medidas que correspondan.

Art. 2° El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Salud y de Hacienda y Finanzas.

Art. 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Procuración General a los efectos previstos por el Decreto N° 698-GCBA-96. Cumplido, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

DE LA RUA

Héctor Lombardo

Eduardo Alfredo Delle Ville

DECRETO N° 360