Disposiciones generales.-

CAPITULO 1. Ámbito y presunción.-

Artículo 1°.- Los honorarios de los abogados y procuradores por su actividad judicial

y/o extrajudicial y/o administrativa, y/o trámite de mediación, que actuaren como

patrocinantes o como apoderados, cuando la competencia correspondiere a los

tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así toda

actividad profesional desplegada en esta jurisdicción, se regularán de acuerdo con

esta ley cuya aplicación es de carácter obligatorio para los Magistrados intervinientes.

Artículo 2°.- Los profesionales que actuaren para su cliente cuando hayan sido

contratados en forma permanente, con asignación fija, mensual, o en relación de

dependencia en calidad de abogados, no podrán invocar esta ley, excepto respecto de

los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en

costas a la parte contraria o de terceros ajenos a la relación contractual, salvo acuerdo

en contrario.

Artículo 3°.- La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de

carácter oneroso, salvo prueba en contrario. El honorario reviste carácter alimentario y

en consecuencia es personalísimo, sólo embargable hasta el veinte por ciento (20%)

del monto a percibir y gozan de privilegio especial. En el supuesto caso que la

regulación no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil, será inembargable.

El honorario será de propiedad exclusiva del profesional que lo hubiere devengado.

CAPITULO 2. Contrato de honorarios y pactos de cuota litis.-

Artículo 4°.- Los abogados y procuradores podrán pactar con sus clientes, en todo tipo

de casos, el monto de sus honorarios sin sujeción a las escalas contenidas en la

presente ley, así como la forma y oportunidad de su pago, ya sea por su actividad

judicial o extrajudicial y sin otra limitación que lo dispuesto en el artículo 5. El contrato

será redactado por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición

del documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago de honorarios, de

haber suscripto el mismo.

Los convenios de honorarios tienen sólo efecto entre partes y sus relaciones se rigen

con prescindencia de la condena en costas que correspondiere abonar a la contraria.

En ningún caso, el convenio celebrado ex post será oponible a los letrados que

hubieren intervenido en el proceso y no hayan participado del acuerdo. Tampoco

podrán ser homologados judicialmente.

Artículo 5°.- Toda renuncia anticipada de honorarios, pacto o convenio que genere

competencia desleal o precio vil, será nulo de nulidad absoluta, excepto cuando se

pactare con ascendientes y descendientes en línea recta, cónyuge o hermanos del

profesional.

El profesional que hubiere renunciado anticipadamente a sus honorarios o pactado

honorarios que generen competencia desleal o por precio vil, siempre que así lo

determine una resolución firme no apelada o confirmada judicialmente de la autoridad

de defensa de la competencia o sentencia judicial firme según sea el caso, será

considerado incurso en falta de ética y será pasible de suspensión en la matrícula de

seis meses a un año. La mencionada resolución o sentencia judicial deberá ser

notificada al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En caso que hubiere

reclamado el pago u honorarios superiores a los pactados, según fuere el caso, la

sanción podrá elevarse al doble del tiempo según lo disponga el Tribunal de Disciplina

del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o el sistema sancionatorio de

la Ley Nacional N° 10.996 y sus modificatorias para el caso de los Procuradores.

Es facultativo de los letrados y sus clientes presentar los convenios en el expediente

judicial, sin perjuicio de su validez entre ellos. Aquella parte y/o letrado que pretenda

que el magistrado regule los honorarios del modo pactado en el convenio, deberá

presentarlo en los actuados, y se aplicará siempre que el convenio o pacto no genere

competencia desleal y/o estipule un precio vil, de conformidad con lo prescripto en el

segundo párrafo del presente artículo. En cualquier otro supuesto y en caso de duda

sobre la legalidad del instrumento, sus firmas, su contenido o en caso de simple

ausencia del instrumento, el juez no podrá apartarse de los parámetros establecidos

en esta ley.

Artículo 6°.- Los abogados y procuradores podrán celebrar con sus clientes pacto de

cuota litis, por su actividad en uno o más asuntos o procesos, en todo tipo de casos,

con sujeción a las siguientes reglas:

a) Se redactarán en doble ejemplar antes o después de iniciado el juicio.

b) No podrá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del resultado del pleito,

cualquiera fuese el número de pactos celebrados e independientemente del número

de profesionales intervinientes. Sólo podrá ser superior a ese porcentaje para el caso

que el profesional tome a su cargo expresamente los gastos correspondientes a la

defensa del cliente y la obligación de responder por las costas, en cuyo caso, el pacto

podrá extenderse hasta la mitad del resultado líquido del juicio.

c) En los asuntos previsionales, de alimentos y de menores que actuaren con

representante legal, el honorario del profesional pactado no podrá superar el veinte por

ciento (20%).

d) Los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria corresponderán

exclusivamente a los profesionales, sin perjuicio de lo acordado con el cliente.

e) El pacto podrá ser presentado por el profesional o por el cliente en el juicio a que el

mismo se refiere.

En cualquier momento, podrán requerir su homologación judicial.

f) Será nulo todo contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por

abogados o procuradores inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital

Federal y/o Colegio de Procuradores de la Capital Federal.

g) En los asuntos laborales no será necesaria la ratificación del pacto en sede laboral.

h) La revocación del poder o patrocinio no anulará el contrato de honorarios, salvo que

aquella hubiese sido motivada por culpa debidamente probada en sede judicial del

abogado o procurador, en cuyo caso conservará el derecho a la regulación judicial, si

correspondiere.

i) El profesional que hubiere celebrado contrato de honorarios y comenzado sus

gestiones, puede apartarse del juicio voluntariamente en cualquier momento. En tal

caso quedará sin efecto el contrato, salvo pacto en contrario y sus honorarios se

regularán judicialmente.

Artículo 7°- Todo recibo de honorarios, con imputación precisa del asunto, de fecha

anterior a la conclusión de la gestión profesional, se considera como pago a cuenta del

que corresponda según lo establecido por esta ley.

Artículo 8°.- El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal registrará a pedido

de parte, los contratos de honorarios y pactos de cuota litis.

Artículo 9°.- Es nulo el contrato sobre participación de honorarios entre un abogado o

procurador matriculado y otra persona que no detente dichos títulos.

Artículo 10°.- Cuando se demanden honorarios convenidos provenientes de labor

profesional, se procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por la ley

procesal, acompañando al efecto la documentación que acredite la labor profesional y

el convenio suscripto por el obligado. Ello no será necesario cuando el convenio se

encuentre registrado ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o sus

firmas fuesen certificadas por Escribano Público. La actuación judicial prevista en el

presente artículo, no devengará tasa judicial ni sellado.

TITULO II.-

Naturaleza jurídica y modalidades del pago de honorarios.

CAPITULO 1. Obligación del pago del honorario.-

Artículo 11°.- Los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o

procurador matriculado. Ningún asunto que haya demandado actividad profesional,

judicial y/o extrajudicial, y/o administrativa y/o mediación, podrá considerarse concluido

sin previo pago de los honorarios, y no se ordenarán levantamiento de embargos,

inhibiciones y/o cualquier otra medida cautelar, ni se harán entrega de fondos o

valores depositados, inscripciones, y/o disponer su archivo y/o cualquier otra gestión

que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hayan cancelado los mismos o se

contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado

fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado en el Colegio

pertinente.

Cuando de lo actuado surja la gestión profesional, los tribunales o reparticiones

administrativas donde se realizó el trámite, deberán exigir la constancia de haberse

satisfecho los honorarios o la conformidad expresa o el silencio del profesional

notificado de conformidad con el último párrafo precedente. En caso de urgencia,

bastará acreditar que se ha afianzado su pago y notificado en forma fehaciente al

profesional interesado. Es obligación del magistrado y/o autoridad administrativa

interviniente velar por el fiel cumplimiento del presente artículo.

Artículo 12°.- La obligación de pagar honorarios por trabajo profesional, en principio

pesa solidariamente sobre todos los condenados en costas u obligados al pago,

pudiendo el profesional exigir y perseguir el pago total o parcial - a su elección- de

todos o de cualquiera de ellos.

Artículo 13°.- Cuando un profesional se aparte de un proceso o gestión antes de su

conclusión normal, puede solicitar regulación provisoria de honorarios, los que se

fijarán en el mínimo que le hubiere podido corresponder conforme a las actuaciones

cumplidas, sin perjuicio que al dictarse sentencia el juez se pronuncie determinando la

regulación definitiva por toda la actuación profesional. También podrá pedir regulación

de honorarios definitiva, cuando la causa estuviere sin tramitación por más de un año

por causas ajenas a su voluntad.

El pago de los honorarios regulados estará a cargo de la parte a quien el peticionante

representó o patrocinó, la que en su caso, tendrá, oportunamente, facultad de repetir

de conformidad al resultado sobre costas.

CAPITULO 2. Principios generales sobre honorarios.-

Artículo 14°.- El abogado o procurador en causa propia podrá cobrar sus honorarios y

gastos cuando su contrario resultase condenado en costas.

Artículo 15°.- Cuando en el juicio intervenga más de un abogado o procurador por una

misma parte se considerará a los efectos arancelarios como un solo patrocinio o

representación y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea

cumplida por cada uno y a la importancia jurídica de las respectivas actuaciones.

Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado, el honorario se regulará

considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado. Los

honorarios de los procuradores se fijarán en un cincuenta por ciento de los que por

esta ley corresponda fijar a los abogados patrocinantes. Cuando el abogado actuare

en carácter de apoderado sin patrocinio, percibirá la asignación total que hubiere

correspondido a ambos.

Artículo 16°.- Toda regulación judicial de honorarios profesionales deberá fundarse y

hacerse con citación de la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad.

La mera mención del articulado de esta ley no será considerada fundamento válido.

El profesional al momento de solicitar regulación de honorarios, podrá clasificar sus

tareas con arreglo a lo dispuesto en la presente ley, debiendo el juez tener especial

atención a la misma y en caso de discordancia de criterio deberá cumplir estrictamente

con lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 17°.- Cuando el objeto de un proceso no pueda ser evaluado por ningún

procedimiento, se tendrá en cuenta al regular los honorarios:

a) El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria.

b) El valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada.

c) La complejidad y novedad de la cuestión planteada.

d) La responsabilidad que, de las particularidades del caso, pudiera haberse derivado

para el profesional.

e) El resultado obtenido.

f) La probable trascendencia de la resolución a que se llegare, para futuros casos.

g) La trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en

debate.

En ningún caso podrán los jueces apartarse de los mínimos establecidos en el artículo

60 de la presente ley.

Artículo 18°.- En los casos de cambio de patrocinio o representación, el profesional

podrá actuar como parte y/o peticionario en protección de sus derechos a la regulación

de sus honorarios, si no la hubiere solicitado; a la regulación adicional a la que tenga

derecho de acuerdo al resultado del pleito o en protección a la ejecución del convenio

y/o pacto celebrado con su cliente en los términos de lo establecido en los artículos 4,

5 y 6 de la presente ley.

Artículo 19°.- Los que sin ser condenados en costas abonaren honorarios

profesionales, serán subrogantes legales del crédito respectivo. Podrán repetir de

quien corresponda la cantidad abonada, por las mismas vías y con el mismo sistema

fijado para los profesionales en la presente ley.

TITULO III.-

Honorarios mínimos arancelarios.-

CAPITULO 1. De la unidad de medida arancelaria.-

Artículo 20°.- Instituyese con la denominación de UMA (Unidad de Medida

Arancelaria), a la unidad de honorarios profesional del abogado o procurador, que

representará el uno y medio por ciento de la remuneración total asignada al cargo de

juez de primera instancia con jurisdicción y competencia en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuere

su denominación, incluida la bonificación por antigüedad de cinco años. El Consejo de

la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suministrará mensualmente el

valor resultante, eliminando las fracciones decimales. El Colegio Público de Abogados

de la Capital Federal informará a las diferentes Cámaras el valor de la UMA.

Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en el artículo 24 y siguientes, los

honorarios mínimos que corresponde percibir a los abogados y procuradores por su

actividad profesional resultarán de la cantidad de "UMA" que a continuación se

detallan:

I) Honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria.

a) Divorcios contradictorios

30 UMA

b) Divorcios por presentación conjunta o artículo. 214, CC

15 UMA

c) Adopciones

30 UMA

d) Tutela y curatela

20 UMA

e) Insania y filiación

30 UMA

f) Impugnación y petición de estado

30 UMA

g) Tenencia y régimen de visitas

15 UMA

h) Exclusión del hogar

15 UMA

i) Veeduría

15 UMA

j) Informaciones sumarias

3 UMA

k) Incidente de excarcelación y/o exención de prisión

30 UMA

l) Pedido y audiencia de suspensión de juicio a prueba

15 UMA

m) Acta de juicio abreviado

10 UMA

n) Actuación hasta la clausura de la instrucción

30 UMA

ñ) Actuación desde la clausula de la instrucción hasta la sentecia

30 UMA

o) Acción colectiva

40 UMA

p) Asuntos de Faltas

15 UMA

q) Asuntos Contravencionales

20 UMA

r) Asuntos Penales en general

30 UMA

s) Todo asunto en lo Contencioso, Administrativo y/o Tributario

que por algún motivo no pueda establecerse su valor en dinero

40 UMA

2) Honorarios mínimos por la labor extrajudicial

a) Consultas verbales

0,5 UMA

b) Consultas con informe

1 UMA

c) Redacción de cartas documento

1 UMA

d) Estudio o información de actuaciones judiciales y/o administrativas

2 UMA

e) Trámites administrativos ante la autoridad de aplicación

3 UMA

f) Trámites ante la Inspección General de Justicia

u organismos similares en el ámbito de la CABA

5 UMA

g) Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos

3 UMA

3) Honorarios por redacción de contratos

a) Redacción de contratos de locación del 1 al 5 % del valor del contrato,

con un mínimo de

2 UMA

b) Redacción de boleto de compra venta del 1 al 5 % del valor del mismo, con un

mínimo de:

3 UMA

c) Por la redacción de contratos o estatutos de sociedades comerciales, o de

asociaciones, fundaciones y constitución de personas jurídicas en general del 1 al 3 %

del capital social, con un mínimo de

8 UMA

d) Redacción de otros contratos del 1 al 5 % del valor de los mismos, con un mínimo

de

3 UMA

e) Para gastos administrativos de estudio, para iniciación de juicios

1 UMA

4) Honorarios por redacción de denuncias penales (sin firma de letrado)

3 UMA.

CAPITULO 2. Honorarios de abogados en relación de dependencia con el Estado y

organismos públicos.-

Artículo 21°.- Los honorarios regulados en favor de los abogados que trabajan en

relación de dependencia con el Estado y/u organismos públicos, que deben ser

pagados por la parte condenada en costas, son de propiedad absoluta e inalienable

del profesional.- Podrán ser participados con otros abogados del mismo cuerpo del

que dependan.

Artículo 22°.- Los abogados y/o procuradores en relación de dependencia con el

Estado y organismos públicos, no tendrán derecho en ningún caso a percibir

honorarios de éstos cuando hubieren sido vencidos en costas, o tomare a su cargo los

honorarios en virtud de transacción judicial o extrajudicial en los litigios que hubiere

participado como actora, demandada o tercerista, o en cualquier otro carácter.

CAPITULO 3. Forma de Regular los Honorarios Profesionales. Abogados. Pautas

generales.

Artículo 23°.- En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las

actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, el honorario del abogado será

fijado entre el once por ciento (11%) y el veinticinco por ciento (25%) de su monto.

Cuando haya litisconsorcio, la regulación se hará con relación al interés de cada

litisconsorte. Las regulaciones no superaran, en total, el cincuenta por ciento (50%)

que resulte de la aplicación de la respectiva escala arancelaria.

En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, se considerará

que hay una sola parte.

Monto del proceso.

Artículo 24°.- En los juicios por cobro de sumas de dinero, a los fines de la regulación

de honorarios, la cuantía del asunto será el monto de la liquidación que resulte de la

sentencia o transacción por capital, actualizado si correspondiere, e intereses.

La actualización monetaria y los intereses fijados en la sentencia o transacción,

siempre deberán integrar la base regulatoria bajo pena de nulidad.

Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o la reconvención, se tendrá

como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia,

si ello fuere pertinente, disminuido en un cincuenta por ciento. Si del resultado el

honorario a regularse fuere inferior a la escala arancelaria se aplicará esta última.

Para el caso que el honorario deba ser abonado por la parte que logró el rechazo de la

demanda o reconvención, los honorarios regulados en la forma establecida en el

primer párrafo, serán reducidos en un treinta por ciento (30%).

Artículo 25°.- Sin perjuicio de la pauta general establecida en el artículo 23, cuando el

monto de los procesos sea susceptible de apreciación pecuniaria, se determinará:

a) Cuando se trate de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, si no han sido

tasados en autos, se tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal al momento en

que se practique la regulación, incrementada en un cincuenta por ciento (50%). No

obstante reputándose a ésta inadecuada al valor real del inmueble, el profesional

estimará el valor que le asigne, de lo que se dará traslado a él o los obligados. En

caso de oposición, el juez designará perito tasador. De la pericia se correrá traslado

por cinco (5) días. Si el valor que asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el

profesional, que el fiscal o el que hubiere propuesto el o los obligados, las costas de la

pericia serán soportadas por este último; de lo contrario, serán a cargo del profesional.

Este procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en el principal, difiriéndose la

regulación de honorarios.

b) Cuando se trate de bienes muebles o semovientes, se tomará como cuantía del

asunto el valor que surja de autos, sin perjuicio de la posibilidad de efectuarse la

determinación establecida en el inciso anterior.

c) Cuando se trate de cobro de sumas de dinero provenientes de obligaciones de

tracto sucesivo se tendrá como valor del pleito el total de lo reclamado, más sus

accesorios, hasta el momento del efectivo pago.

d) Para derechos creditorios: el valor consignado en los documentos respectivos,

deducidas las amortizaciones normales previstas en los mismos, o las extraordinarias

que justifique el interesado.

e) Para títulos de renta y acciones de entidades privadas: el valor de cotización de la

Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Si no cotizara en bolsa, el valor que

informe cualquier entidad bancaria oficial.

Si por esta vía fuese imposible lograr la determinación, se aplicará el procedimiento

del inciso a) del presente artículo.

f) Para establecimientos comerciales, industriales o mineros: se valuará el activo

conforme las normas de este artículo. Se descontará el pasivo justificado por

certificación contable u otro medio idóneo cuando no se lleve la contabilidad en legal

forma, y al líquido que resulte se le sumará un diez por ciento que será computado

como valor llave.

g) Para usufructo o nuda propiedad: Se determinara el valor de los bienes conforme el

inciso a) de este artículo.

h) Para uso y habitación: Será valuado en el diez por ciento (10%) anual del valor del

bien respectivo, justipreciado según las reglas del inciso a) del presente artículo y el

resultado se multiplicara por el número de años por el que se transmite el derecho, no

pudiendo exceder en ningún caso el ciento por ciento de aquel.

i) Para bienes sujetos a agotamiento, minas, canteras y similares: se determinará el

valor por el procedimiento previsto en el inciso b) del presente artículo.

Allanamiento. Desistimiento. Transacción. Caducidad.-

Artículo 26°.- En caso de allanamiento, si se produjera antes de que se disponga la

apertura a prueba, el honorario será el cincuenta por ciento (50 %) de la escala del

artículo 23. En los demás casos, se aplicará el ciento por ciento (100%) de dicha

escala.

En caso de desistimiento, transacción o caducidad se tendrán en cuenta las etapas

procesales cumplidas en la causa para regular entre el once (11%) y el veinticinco

(25%) por ciento del monto del proceso.

Profesional de la parte vencida.-

Artículo 27°.- El honorario del profesional de la parte vencida en el litigio, se fijará

tomando como base la escala general prevista en el artículo 23 y las pautas

establecidas en el artículo 17.

Acumulación de acciones. Reconvención.-

Artículo 28°.- Si en el pleito se hubieran acumulado acciones o deducido reconvención,

se regularán por separado los honorarios que correspondan de acuerdo a lo

establecido en la presente ley.

CAPITULO 4. Etapas Procesales.-

Artículo 29°.- Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se

considerarán divididos en etapas. Las etapas se dividirán del siguiente modo:

a) Procesos Ordinarios: Los procesos ordinarios se consideraran divididos en tres

etapas. La primera comprenderá la demanda o escrito de promoción, la reconvención

y sus respectivas contestaciones; la segunda las actuaciones sobre prueba, o las

declaratorias de herederos, o las actuaciones realizadas en los concursos hasta la

verificación inclusive; y la tercera los alegatos y cualquier actuación posterior hasta la

sentencia o inscripción de bienes en caso de sucesiones. Todo trabajo

complementario o posterior a las etapas judiciales enumeradas precedentemente,

deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación

principal.

b) Procesos Arbitrales: Los procesos arbitrales se considerarán divididos en las etapas

correspondientes al procedimiento que se hubiese dispuesto seguir.

c) Procesos Penales: Los procesos penales, correccionales, contravencionales y de

faltas cualquiera sea su competencia en razón de la materia, se considerarán divididos

en dos etapas. La primera comprenderá la instrucción hasta su clausura y la segunda

los demás trámites hasta la sentencia definitiva.

d) Procesos de Ejecución: Los procesos de ejecución de sentencia serán

considerados individualmente como juicios independientes y divididos en 2 etapas. Su

primera etapa se computará desde la demanda hasta la sentencia, si hubieran opuesto

excepciones o no. La segunda etapa se computará desde la sentencia de primera

instancia hasta su conclusión.

e) Incidentes: Los incidentes se dividirán en dos etapas. La primera se compone del

planteo que lo origine sea verbal o escrito y la segunda, el desarrollo hasta su

conclusión.

f) Acciones Especiales: Las acciones especiales previstas en el Título XII del Código

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del

Proceso Expropiatorio previsto en el Título V de la ley 238 y demás procesos

especiales regulados por el Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, que no tramitaren por el procedimiento ordinario se consideraran divididos en

dos etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y su contestación; la segunda,

en las actuaciones posteriores hasta la sentencia definitiva.

Artículo 30°.- Por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia,

se regularán en cada una de ellas del treinta por ciento (30%) al cuarenta por ciento

(40%) de la cantidad que se fije para honorarios en primera instancia.

Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el tribunal de alzada deberá

adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de primera instancia, teniendo en

cuenta el nuevo resultado del pleito y regulará seguidamente los honorarios que

correspondan por las tareas cumplidas en la alzada.

Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus partes en favor del apelante, el

honorario de su letrado se fijará en el cuarenta por ciento (40%) de los

correspondientes a primera instancia.

Recursos superiores.-

Artículo 31°.- La interposición de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia o

ante la Corte Suprema de Justicia, de la especie que fueren, no podrá regularse en

cantidad inferior a 20 UMA. Las quejas por denegación de estos recursos en no menos

de 25 UMA.

Si dichos recursos fueren concedidos y se tramitaren, se deberá regular un tercio de lo

dispuesto en el artículo 23.

CAPITULO V.-

Forma de regular las etapas. Administrador judicial e interventor.-

Artículo 32°.- Para la regulación de los honorarios del administrador judicial y/o

interventor y/o veedor judicial designado en juicios voluntarios, contenciosos y

universales, se aplicará la escala del artículo 23 sobre el monto de los ingresos

obtenidos durante la administración y/o intervención y/o veeduría, con prescindencia

del valor de los bienes.

Causas Penales.-

Artículo 33°.- En las causas penales, a los efectos de las regulaciones, deberá tenerse

en cuenta:

a) Las reglas generales del artículo 17.

b) La naturaleza del caso y la pena aplicable por el delito materia del proceso.

c) La influencia que la sentencia tenga o pueda tener por si o con relación al derecho

de las partes ulteriormente.

d) La actuación profesional en las diligencias probatorias, así como la importancia,

calidad y complejidad de las pruebas ofrecidas o producidas.

En los demás casos, cuyo monto pueda apreciarse pecuniariamente, los honorarios

profesionales se fijarán entre el once por ciento (11%) y el veinticinco por ciento (25%)

del monto del proceso, no pudiendo ser inferiores a los establecidos en el artículo 60

de esta ley.

La acción indemnizatoria que se promoviese en el proceso penal, se regulará como si

se tratara de un proceso ordinario en sede civil.

Juicios ejecutivos y ejecuciones especiales.-

Artículo 34°.- En los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, por lo actuado desde

su iniciación hasta la sentencia de remate inclusive, el honorario del abogado o

procurador será calculado de acuerdo con la escala del artículo 23. No habiendo

excepciones, el honorario se reducirá en un diez por ciento (10%) del que

correspondiere regular.

Sucesiones.-

Artículo 35°.- En el proceso sucesorio cuando un solo abogado patrocine o represente

a todos los herederos o interesados, su honorario se regulará sobre el valor del

patrimonio que se transmite aplicando la escala del artículo 23 reducido en un

veinticinco por ciento (25%); respecto a los bienes gananciales que correspondieren al

cónyuge supérstite, se aplicará el cincuenta por ciento (50%) del honorario que

correspondiere, reducido en un veinticinco por ciento (25%).

También integrarán la base regulatoria los bienes existentes en otras jurisdicciones,

dentro del país.

En el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso, el monto será el

del patrimonio transmitido en cada una de ellas.

Para establecer el valor de los bienes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 25

Cuando constare en el expediente un valor por tasación, estimación o venta superior a

la valuación fiscal, o la manifestación establecida en el segundo párrafo del inciso a)

del artículo 25 de la presente ley, dicho valor será el considerado a los efectos de la

regulación.

Cuando intervengan varios abogados, se regularán los honorarios clasificándose los

trabajos, debiendo determinar la regulación el carácter de común a cargo de la masa o

particular a cargo del interesado.

El honorario del abogado o abogados partidores en conjunto, se fijará sobre el valor

del patrimonio a dividirse, aplicando una escala del dos por ciento (2%) al tres por

ciento (3%) del total.

Concursos y quiebras.-

Artículo 36°.- En los procesos universales de concursos y quiebras los honorarios de

los abogados y procuradores se regularán de conformidad a las disposiciones de la

presente ley. Serán divididos en dos etapas, la primera comprenderá los trámites

hasta la apertura del concurso preventivo, la homologación del acuerdo preventivo, del

acuerdo preventivo extrajudicial o la declaración de quiebra, según sea su caso y la

segunda comprenderá los trámites hasta la clausura del proceso.

En los pedidos de quiebra desestimados o en el levantamiento de quiebra sin trámite,

se regulará la labor del abogado del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10 %) del

monto que origina el pedido reclamado.

En los pedidos de apertura de concurso rechazados o si se produjere el desistimiento,

se regulará del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) del activo o pasivo

denunciados, según el que fuere menor en el primer caso y mayor en el segundo. El

honorario del abogado de cada acreedor, se fijará de conformidad a la escala del

artículo 23, sobre:

1) La suma líquida que debiere pagarse al reclamante en los casos de acuerdo

preventivo homologado.

2) El valor de los bienes que se adjudicaren o la suma que correspondiere abonar al

acreedor, en los concursos o quiebras.

3) En el proceso de revisión o de verificación tardía, el monto del objeto reclamado.

Por el incidente de revisión de créditos se aplicará la escala del artículo 23 sobre el

monto del reclamo. La acumulación de honorarios previstos en este inciso y el anterior,

no podrá superar el máximo de la escala del artículo 23.

Por la exclusión de algún bien de la masa de acreedores, por el motivo que fuere, se

regulará por esta labor entre el ocho por ciento (8%) y el diez por ciento (10%) del

valor del bien en cuestión que resulte excluido.

Por los demás incidentes previstos por la ley específica, cualquiera sea el trámite

impreso se regulará la escala del artículo 23 sobre el valor económico del litigio

incidental. Por la presentación de un acuerdo preventivo judicial que resulte

homologado, incluyendo la participación en eventuales oposiciones de acreedores, se

aplicará la escala del artículo 23 sobre el monto del acuerdo. Si se rechazara la

homologación será del cincuenta por ciento (50%) de lo que le hubiere correspondido.

Artículo 37°:- Los honorarios deberán ser regulados por el juez en las siguientes

oportunidades: I) Al homologar el acuerdo preventivo o resolutorio; 2) Al sobreseer los

procedimientos por avenimiento; 3) Al aprobar cada estado de distribución provisoria o

complementaria por el monto que corresponda a lo liquidado en ella; 4) Al finalizar la

realización de bienes; 5) Al concluir por cualquier causa el procedimiento del concurso

preventivo, acuerdo preventivo o extrajudicial o quiebra.

En el caso del apartado 2) los honorarios serán calculados sobre el activo realizado al

que deberá adicionarse el valor de activo no realizado. En el caso de los apartados 3)

y 4) la regulación de honorarios se efectuará sobre el activo realizado. En el caso del

apartado 5), las regulaciones se efectuarán, cuando se clausure el procedimiento por

falta de activo o se concluya en quiebra por no existir acreedores verificados, y se

regularán teniendo en cuenta la labor realizada, no pudiendo ser inferiores a 30 UMA y

cuando concluya la quiebra por pago total se aplicará lo señalado en los apartados 3)

y 4).

Para la justa retribución de todos los abogados intervinientes, se pueden consumir la

totalidad de los fondos existentes en autos, luego de atendidos los privilegios

especiales en su caso, y demás gastos del concurso.

Artículo 38°.- Los honorarios del abogado de la sindicatura podrán ser abonados por el

síndico y/o la masa común de acreedores a elección del profesional.

Medidas cautelares.-

Artículo 39°.- En las medidas cautelares, ya sean que éstas tramiten autónomamente,

en forma incidental o dentro del proceso, el honorario se regulará sobre el monto que

se tiende a asegurar, aplicándose como base el veinticinco por ciento (25%) de la

escala del artículo 23; salvo casos de controversia u oposición, en que la base se

elevará al cincuenta por ciento (50%).

Acciones posesorias, interdictos, división de bienes.-

Artículo 40°.- Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes

comunes, se aplicará la escala del artículo 23. El monto del honorario se reducirá en

un veinte por ciento (20%) atendiendo al valor de los bienes conforme a lo dispuesto

en el artículo 25 si fuere en el sólo beneficio del patrocinado, con relación a la cuota o

parte defendida.

Alimentos.-

Artículo 41°.- En los juicios de alimentos el monto será el importe correspondiente a

dos años de la cuota que se fijare judicialmente, conforme el artículo 23 de esta ley.

En los casos de aumentos, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos,

se tomará como base la diferencia que resulte del monto de la sentencia por el término

de dos años, aplicándose la escala de los incidentes.

Desalojo.-

Artículo 42°.- En los procesos de desalojo se fijará el honorario de acuerdo con la

escala del artículo 23, tomando como base el total de los alquileres del contrato. Para

el caso de que la locación a desalojar sea comercial tal monto se reducirá en un veinte

por ciento (20%).

Cuando el profesional estimare inadecuado el alquiler fijado en el contrato o en caso

que éste no pudiera determinarse exactamente o se tratase de juicios de intrusión o

tenencia precaria, deberá fijarse el valor locativo actualizado del inmueble, para lo cual

el profesional podrá acompañar tasaciones al respecto o designar perito para que lo

determine, abonando los gastos de este último quien estuviere más lejos del monto de

la tasación del valor locativo establecido. Tratándose de homologación de convenio de

desocupación y su ejecución, el honorario se regulará en un cincuenta por ciento

(50%) del establecido en el párrafo primero del presente artículo.

Ejecución de sentencia.-

Artículo 43°.- En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de

conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la

escala del artículo 23 sobre el monto ejecutado mas intereses.

Gestión.-

Artículo 44°.- En casos de gestión útil, por los trabajos del abogado o procurador, que

beneficien a terceros acreedores o embargantes que concurran, el honorario se

incrementara en un dos por ciento (2%) de los fondos que resulten disponibles a favor

de aquéllos, a consecuencia de su tarea.

Causas laborales.-

Artículo 45°.- En las causas laborales y complementarias tramitadas ante los tribunales

de trabajo, se aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto en

todas las etapas de los procedimientos contradictorios, como en las ejecuciones de

resoluciones administrativas o en las que intervenga como tribunal de alzada, según

corresponda.

En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos, concedidos

a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerará como valor del

juicio el cincuenta por ciento (50%) del último salario normal, habitual y mensual que

deba percibir según su categoría profesional por el término de dos (2) años.

Administrativas.-

Artículo 46°.- Por la interposición de acciones y peticiones de naturaleza administrativa

se aplicará la escala del artículo 23 y se seguirán las siguientes reglas:

1. Demandas contencioso-administrativo: Si la cuestión es susceptible de apreciación

pecuniaria se aplicara lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de la presente ley.

2. Actuaciones ante organismos de la administración pública, empresas del Estado,

entes descentralizados, autárquicos: En esos casos, si el procedimiento está regulado

por normas especiales, el profesional podrá solicitar la regulación judicial de su labor,

si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria, aplicándose el inciso 1) del

presente artículo, con una reducción del cincuenta por ciento (50%).

3. En todos los casos en que los asuntos no fueran susceptibles de apreciación

pecuniaria, la regulación no será inferior a cinco (5) UMA o siete (7) UMA, según se

trate del ejercicio de acciones contencioso administrativas o actuaciones

administrativas, respectivamente.

Liquidación de la sociedad conyugal.-

Artículo 47°.- En la liquidación y disolución de la sociedad conyugal se regularan

honorarios al patrocinante y/o apoderado de cada parte conforme la escala del artículo

23 calculado sobre el activo de la sociedad conyugal.

Escrituración

Artículo 48°.- En los juicios de escrituración y en general, en todos los procesos

derivados del contrato de compraventa de inmuebles, a los efectos de la regulación, se

aplicará la escala del artículo 23y lo normado por el artículo 25 inciso a), salvo que

resulte un monto mayor del boleto de compraventa, en cuyo caso se aplicará el valor

establecido en este último.

Incidentes

Artículo 49°.- Los incidentes y tercerías serán considerados por separado del juicio

principal y el honorario se regulara teniéndose en cuenta:

a) El monto que se reclame en el principal o en la tercería si el de esta fuere menor.

b) La naturaleza jurídica del caso planteado.

c) La vinculación mediata o inmediata que pueda tener con la resolución definitiva de

la causa.

En los incidentes se aplicará de un veinte por ciento (20%) a un treinta por ciento

(30%) de la escala del artículo 23 y en las tercerías, del ochenta por ciento (80%) al

cien por ciento (100%) de la misma escala, no pudiendo ser inferior a cinco (5) U MA.

Expropiación.-

Artículo 50°.-En los procesos por expropiación, se fijará el honorario de acuerdo con la

escala del artículo 23, tomando como base la diferencia que existiere entre el importe

depositado en oportunidad de la desposesión y el valor de la indemnización que fijare

la sentencia o se acordare en la transacción, comparado en valores constantes.

Amparo y otros.-

Artículo 51°.- Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo,

hábeas data, hábeas corpus, en caso que no pudiere regularse de conformidad con la

escala del artículo 23, se aplicarán las normas del artículo 17, con un mínimo de veinte

(20) UMA.

Exhortos, oficios ley 22.172.-

Artículo 52°.- El honorario por diligenciamiento de exhortos y/u oficios ley 22.172 será

regulado de conformidad a las pautas siguientes:

a) Si se tratare de notificaciones o acto semejante, los honorarios no podrán ser

inferiores a tres (3) UMA.

b) Cuando se solicitare inscripciones de dominios, hijuelas, testamentos, gravámenes,

secuestros, embargos, inhibiciones, inventarios, remates, desalojos, y/o cualquier otro

acto registral, el honorario se regulará en una escala entre diez (10) UMA y veinte (20)

UMA.

c) Cuando se trate de diligencias de prueba y se hubiere intervenido en su producción

o contralor, el juez exhortado regulará los honorarios proporcionalmente a la labor

desarrollada, en una escala entre veinte (20) UMA y treinta (30) UMA.

Intereses.-

Artículo 53°.- Los honorarios regulados, una vez firmes, devengarán hasta su efectivo

pago y de pleno derecho, el interés correspondiente a la tasa que cobra el Banco

Ciudad en sus operaciones de descuento a treinta (30) días, que se calculará en la

misma forma que el capital de condena.

Los honorarios recurridos devengarán el interés indicado, desde la fecha de la primera

regulación correspondiente a cada instancia. Si el honorario apelado fuere confirmado

o incrementado, los intereses se calcularan desde la fecha de la regulación recurrida.

TITULO IV.-

Del procedimiento para regular honorarios.-

Artículo 54°.- Aun sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regulará el

honorario respectivo de los abogados y procuradores de las partes. A los efectos de la

regulación se tendrá en cuenta para la determinación del monto, los intereses, la

actualización monetaria si correspondiere, frutos y accesorios, que integrarán la base

regulatoria según lo establecido en los artículos 23, 24 y 25.

Artículo 55°.- Los profesionales, al momento de solicitar la regulación de honorarios,

podrán formular su estimación, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto

las situaciones de orden legal y económico que consideren computables. De la

estimación se correrá traslado por el término de cinco (5) días a quienes pudieren

estar obligados al pago.

Artículo 56°.- Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los

diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio.

Los honorarios extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su

pago, cuando sean exigibles.

Operada la mora, por el solo vencimiento del plazo establecido en los párrafos

anteriores, quedara expedita la ejecución de los mismos.

Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado deberán serle notificados al

domicilio real o al que hubiere constituido en forma expresa a tal efecto.

La acción por cobro de honorarios regulados judicialmente, tramitará por la vía de

ejecución de sentencia.

En ningún caso abonará tasa de justicia, ni estará sujeta a ningún tipo de contribución.

Artículo 57°.- Para la determinación judicial de honorarios por trabajos extrajudiciales,

cuando el profesional los solicitare, se tendrá en cuenta la escala del artículo 23, salvo

respecto de las actividades comprendidas en el artículo 20, inciso 2. En ningún caso

los honorarios a regularse podrán ser inferiores al cincuenta por ciento (50%) de lo que

correspondería judicialmente según la pauta del párrafo anterior. El profesional deberá

acreditar la labor desarrollada, acompañando toda la prueba de que intente valerse,

acreditando la importancia de su labor y el monto en juego, de lo cual se notificará a la

otra parte por el término de cinco (5) días. De no mediar oposición sobre el trabajo

realizado, el juez fijará sin más trámite el honorario que corresponda; si hubiere

oposición, la cuestión tramitará según las normas aplicables a los incidentes.

Dichas actuaciones no abonarán tasa de justicia ni sellado por parte del profesional

actuante.

Artículo 58°.- Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados a sus

beneficiarios y a los obligados al pago, personalmente, por cédula o telegrama y/o

cualquier otro medio fehaciente, así establecido por la ley procesal aplicable. Serán

apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de

deducirse el recurso.

La Cámara de Apelaciones respectiva deberá resolver el recurso dentro de los treinta

(30) días de recibido el expediente.

Todos los honorarios serán materia de apelación con prescindencia del monto de los

mismos.

Artículo 59°.- Si el condenado en costas no abonare los honorarios profesionales en

tiempo y forma, el profesional podrá requerir el pago a su cliente, luego de treinta (30)

días corridos del incumplimiento y siempre que el cliente esté debidamente notificado.

Artículo 60°.- El mínimo establecido para regular honorarios de juicios susceptibles de

apreciación pecuniaria que no estuviesen previstos en otros artículos será el siguiente:

en los procesos de conocimiento de diez (10) UMA en los ejecutivos de seis (6) UMA y

en los procesos de mediación de dos (2) UMA.-

Artículo 61°.- Ninguna persona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar las

denominaciones "estudio jurídico", "consultorio jurídico", "asesoría jurídica" u otras

similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su dirección. Sin perjuicio

de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a

simple requerimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o el que

fuere competente de conformidad al lugar donde se corneta la infracción, o de oficio y

una multa de treinta (30) UMA que pesará solidariamente sobre los infractores, que

será destinada a los fondos de dicha institución.

Artículo 62°:- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los procesos en

curso, en los que no haya regulación firme de honorarios, al tiempo de su publicación.

CLÁUSULA TRANSITORIA: La presente ley será aplicable en los fueros que integran

el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos lo que lo integren

en el futuro y en aquellos donde los jueces consideren pertinente su aplicación.

Art. 63:- Comuníquese, etc. Ritondo - Schillagi