VISTO: La Ley N° 6.684, y N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.588), el

Convenio N° 1/16 aprobado por Resolución N° 298/LCBA/15, el Acta Acuerdo N° 11

Transferencia del Sistema de Alarmas y Afines, la Resolución N° 25/SSSC/2019, el

Expediente EX-2024-33820015- -GCABA-DGSPCB; y

CONSIDERANDO:

Que el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

firmaron el Convenio de Transferencia Progresiva de las Facultades y Funciones de

Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires el 5 de enero de 2016 que fue aprobado por la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires mediante la Resolución N° 298/LCBA/15 del 18 de enero

de 2016;

Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires fija que la seguridad pública es un

deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los

habitantes y, en este marco, establece que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

coadyuva a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y políticas

multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia;

Que la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N° 6.588) establece que el

Ministerio de Seguridad es el organismo encargado de elaborar los lineamientos

generales en materia de seguridad, tendientes a llevar a cabo el diseño de las

acciones preventivas necesarias y las tareas de control;

Que en aquel contexto, en virtud de la cláusula Décimo Sexta del Convenio de

Transferencia aprobado la Resolución N° 298/LCBA/16, se celebró el 23 de febrero de

2018 el Acta Acuerdo N° 11 de Transferencia del Sistema de Alarmas y Afines con el

Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de transferir a la CIUDAD DE BUENOS

AIRES las funciones de seguridad que habían sido asignadas previamente a la

División Alarmas de la Superintendencia Federal de Tecnologías de la Información de

la Policía Federal Argentina, para la aplicación del Sistema de Alarmas y Afines (SAA);

Que el sistema transferido en 2018 se encuentra alcanzado, en lo pertinente, por la

Ley Nacional N° 19.130, los Decretos Nros. 8531/PEN/63, 9769/PEN/64 y 26/PEN/75,

y la comunicación "C" 2200 del BCRA que enmarcan los contratos oportunamente

celebrados entre la Policía Federal Argentina y empresas autorizadas para prestar el

Sistema de Alarmas y Afines, así como las frecuencias radioeléctricas que asignara a

dicho fin el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM);

Que el propósito del sistema de alarma inalámbrica y afines es proteger entidades

financieras de alto valor para la comunidad y por tanto su operación se encuentra

enmarcada en el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires bajo la regulación y fiscalización de la Ciudad de Buenos Aires;

Que, con el objeto de mejorar el servicio, resulta conveniente establecer parámetros

que aseguren el correcto despliegue y desarrollo de la administración del Sistema de

Alarmas y afines, impulsando la paulatina incorporación de tecnología aplicada y

estableciendo cursos de capacitación específicos para el responsable de la sucursal

bancaria y/o financiera en Sistemas de Alarmas y Afines, a fin de evitar la producción

reiterada de eventos fallidos y su consecuente afectación de los recursos de la

Administración;

Que a dichos efectos, corresponde fijar las pautas de acción respecto del ámbito de

entidades financieras alcanzada por la normativa, el personal abocado a la

administración del sistema de Alarmas y Afines y que interviene en los protocolos de

captación y producción de eventos, la instalación de los recursos y tecnologías

adecuados y la contraprestación originadas en la ejecución del sistema descripto,

entre otros;

Que asimismo, según el art. 466 de la Ley N° 5.688 (texto consolidado según Ley N°

6.588) el Ministerio de Seguridad es la autoridad de aplicación, fiscalización y control

del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Libro VI de aquel cuerpo

normativo por parte de las empresas de seguridad privada y sus prestatarios;

Que, de manera concomitante, de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Ministerios N°

6.684 corresponde al Ministerio de Seguridad elaborar, implementar y evaluar las

políticas y estrategias de seguridad pública y las directivas generales y específicas

necesarias para su gestión y control;

Que en las presentes circunstancias, resulta conveniente establecer la

contraprestación que deberán abonar los prestadores de servicios de seguridad

privada habilitados, cuyos objetivos protegidos se encuentren bajo el Sistema de

Alarmas y Afines, según el Acta Acuerdo N° 11 precitada y de conformidad al Artículo

4 del Decreto N° 9769/PEN/64;

Que para ello es necesario tener en cuenta que desde el momento de la transferencia

del sistema de alarmas y afines a la Ciudad, y a partir del dictado de la Resolución N°

25/SSSC/19, el número de despachos policiales vinculados a asaltos/robo salón era

de 4.600 mensuales, de los cuales el 99% eran negativos, lo que implicaba un costo

alto de recursos policiales;

Que, en respuesta a la problemática expuesta, las empresas de seguridad privada

vienen implementando mejoras tecnológicas en sus sistemas, de igual forma en que

continúan ejecutando innovaciones en todas las entidades bancarias;

Que en este sentido, las empresas de seguridad han contribuido en el diseño y

construcción de una torre de comunicación con sede en el Centro de monitoreo urbano

(CMU), de 120 metros de altura, iniciativa conducente a realizar el objetivo de

canalizar todas las comunicaciones del sistema bancario dentro de la central de la

Policía de la Ciudad, en desmedro de la torre otrora utilizada por la Policía Federal;

Que asimismo el citado emplazamiento permitió al Ministerio de Seguridad instalar

equipamiento tecnológico propio en provecho de la infraestructura de comunicaciones

desde allí transmitidas;

Que siguiendo este lineamiento de ideas, estas medidas de innovación tecnológica

combinadas provocaron una reducción notable de eventos mensuales, que se

constata en la baja desde de un numero promedio de 4600 a 1450 eventos negativos

mensuales, en la actualidad;

Que, en procura de seguir mejorando estos indicadores, es dable generar las

condiciones para incentivar la utilización eficiente del Sistema, mediante el

compromiso compartido de las empresas y usuarios del sector de continuar

implementando innovaciones tecnológicas, a través de nuevos y numerosos

equipamientos, cuyo principal objetivo sea la reducción de la cantidad de despachos

innecesarios a la seguridad pública, y por consiguiente lograr la optimización de los

recursos económicos y seguridad;

Que los importes resultantes en el nuevo esquema respetan un equitativo equilibrio

entre la obligatoria cobertura del servicio y la debida administración del sistema por

parte de las empresas prestatarias y los particulares autorizados por ella a su

administración;

Que la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes ha tomado

intervención en el marco de su competencia;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado

competente intervención, conforme lo normado por la Ley N° 1218 (texto consolidado

por Ley N° 6588);

Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto que establezca el procedimiento de

acción y de gestión de los recursos para los casos de intervención de empresas

especializadas en la aplicación del Sistema de Alarmas y Afines (SAA);

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

Artículo 1°.- Fijar que las empresas de seguridad privada que actúen en el marco del

Sistema de Alarmas y Afines deberán tener sus dispositivos de comunicaciones en

dependencias de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberán prever

la generación de un servicio de contingencia en las instalaciones conforme lo

determine la Dirección General de Seguridad Privada y Custodia de Bienes o el

organismo con competencia que la reemplace, según los parámetros técnicos que

requiera su operatoria.

Artículo 2°.- Establecer que las entidades financieras reguladas por el Banco Central

de la República Argentina que se encuentren en ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, deberán estar conectadas con el Sistema de Alarmas y Afines de

acuerdo al marco contractual regulado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

según los términos del Acta Acuerdo N° 11 Transferencia del Sistema de Alarmas y

Afines, las normas y pautas establecidas por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad

Artículo 3°.- Las empresas de servicios de seguridad privada habilitadas cuyos

objetivos declarados se encuentren en el marco del Sistema de Alarmas y Afines

deberán afrontar la operatoria del servicio mediante el treinta y tres por ciento (33%)

del precio neto sin IVA, y deducido el Impuesto a los Ingresos Brutos, de los abonados

mensuales al sistema centralizado de alarmas en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. El pago por el concepto precitado será el único a cargo de las empresas de

servicios de seguridad privada por la operatoria del servicio, sin perjuicio del rubro

previsto en el artículo siguiente.

Artículo 4°.- Establécese el costo de cada operativo negativo despachado por cada

abonado en VEINTINUEVE UNIDADES FIJAS (29 U.F.) de acuerdo con el artículo 20

del Anexo A de la ley 451 (texto consolidado por ley 6.588). El pago correspondiente

recaerá sobre el responsable de la ejecución del sistema que haya provocado su

activación por su responsabilidad en el mal uso del sistema con independencia que

sea en forma directa o indirecta por parte del usuario y/o una potencial falla técnica por

parte de la empresa. La percepción por los despachos negativos provocados por

evento prevención abonado, informe presentado por la empresa de seguridad privada

por ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o el organismo que en su

defecto lo reemplace, quedarán en suspenso a la espera del dictamen que este

organismo emita. El reintegro de pago abonado sólo procederá en caso de tratarse de

un evento positivo.

Artículo 5°.- El gerente y/o responsable de la sucursal bancaria y/o financiera

conectada al Sistema de Alarmas y Afines, que produzca 2 (dos) o más eventos

fallidos, deberá concurrir de modo presencial a la sede del Instituto Superior de

Seguridad Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ISSP), a fin de realizar el

curso de capacitación de "Sistemas de Alarmas y Afines". El curso de capacitación

tendrá un total de 7 (Siete) horas cátedra

Artículo 6°.- Las empresas de servicios de seguridad privada habilitadas en el marco

del Sistema de Alarmas y Afines deberán contar con tecnologías adecuadas que

actúen en el marco del Sistema de Alarmas y Afines que aseguren:

a. Que el armado del sistema de seguridad electrónica deberá ser en forma remota y/o

presencial, garantizando la no activación del sistema en zonas programadas como

inmediatas. A dichos efectos se deberá dar capacitación formal por parte de las

entidades usuarias a los responsables del manejo del sistema a fin de evitar el uso

indebido por acción u omisión del sistema.

b. Que el sistema cerraduras del tipo electromagnéticas impidan la apertura de los

recintos de atesoramiento y de cajeros automáticos sin la operación adecuada del

sistema, a fin de minimizar las alarmas indebidas al manipular los recintos de

atesoramiento de los ATMs;

c. Que existan sistemas disuasivos con efecto estroboscópico de luces y sirenas con

posibilidad de modulación de mensajes de voz.

d. Que el personal que opere o administre las sistemas de alarmas y afines esté

capacitado sobre el impacto de esta operatoria con los terceros involucrados en las

tareas de carga y descarga de dichos ATMs. d.

Artículo 7°.- Derogar la Resolución N° 25/SSSC/19.

Artículo 8°.- La presente resolución tendrá vigencia a partir del 1° de septiembre de

2024.

Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comuníquese a los interesados, al Banco Central de la República Argentina y a la

Dirección General de Seguridad Privada y Custodia de Bienes. Cumplido, archívese.

Piñeiro