VISTO: la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, la Ley Nacional 24.588, las Leyes 7, 6.684, 6.789 y 6.790, los Expedientes EX-

2026- 07800640-GCABA-SSRG, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 129 de la Constitución Nacional reconoce a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación

y jurisdicción;

Que, asimismo, el artículo referido establece que una ley garantizará los intereses del

Estado nacional mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea capital de la

Nación;

Que, en tal sentido, se sancionó la Ley Nacional 24.588, cuyo artículo 6° dispone que

el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebrarán convenios

relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y

bienes;

Que, en consonancia, la Cláusula Decimotercera de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires faculta al Gobierno de la Ciudad a convenir con el Estado

Nacional mecanismos destinados a la transferencia de la función judicial,

estableciendo que tales acuerdos puedan instrumentarse bajo modalidades diversas,

siempre que se garantice una transferencia racional y se prevea la correspondiente

transferencia de las partidas presupuestarias o la reasignación de los recursos

necesarios para su ejercicio;

Que, en este marco, mediante la sanción de la Ley 6.789 se modificó la Ley 7,

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de establecer la

composición y puesta en funcionamiento del Fuero del Trabajo del Poder Judicial de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo que estará integrado por: una (1)

Cámara de Apelaciones del Trabajo, compuesta por seis (6) jueces y juezas divididos

en dos (2) salas, y diez (10) juzgados de primera instancia con competencia en

conflictos individuales del trabajo y en recursos vinculados con las comisiones

médicas;

Que a través de la Cláusula Transitoria Primera prevista en la Ley 6.789 se dispuso

que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe

arbitrar las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de la Justicia del

Trabajo;

Que por la Ley 6.790 se sancionó el Código Procesal para la Justicia del Trabajo;

Que en dicho contexto, a fin de dar curso a la decisión adoptada por este Poder

Ejecutivo de avanzar en el proceso de transferencia de la función judicial en materia

laboral, y en miras de alcanzar la plena autonomía de la Ciudad, corresponde disponer

las medidas administrativas necesarias para la instrumentación del acuerdo

interjurisdiccional requerido;

Que el artículo 104, inciso 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires establece entre las atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a la de concluir y firmar los tratados, convenios y acuerdos

internacionales e interjurisdiccionales;

Que, por su parte, el artículo 104, inciso 1 de dicha norma fundamental prevé la

facultad del Jefe de Gobierno de representar legalmente a la Ciudad, indicando

expresamente que puede delegar esta atribución;

Que el artículo 13 de la Ley 6.684 faculta al Poder Ejecutivo a delegar en el Jefe de

Gabinete de Ministros, en los Ministros y en los Secretarios del Jefe de Gobierno, las

facultades relacionadas con las materias que les competen, de acuerdo con lo que se

determine expresa y taxativamente por Decreto;

Que por la Ley 6.684 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, cuyo artículo 2° contempla entre los Ministerios del Poder

Ejecutivo al Ministerio de Justicia;

Que el artículo 19 de la mencionada ley atribuye al Ministerio de Justicia la

competencia de coordinar y articular las relaciones con el Poder Judicial; coordinar las

acciones tendientes a la promoción y el seguimiento del traspaso de la Justicia

Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; entender en lo relativo a

la política laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; coordinar,

proponer y entender en las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires con el Estado Nacional; entender en la elaboración de políticas que impliquen

asunción y transferencia de competencias entre la Nación y la Ciudad; proponer e

intervenir, conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en

la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias

y/o Municipios, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, y

promover el acceso a la justicia;

Que, en atención a la especialidad técnica que reviste el proceso de transferencia de

la función judicial en materia laboral resulta conveniente delegar en el Ministro de

Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la instrumentación y suscripción del

acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral del ámbito nacional a

la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la delegación dispuesta se funda en las competencias específicas del Ministerio

de Justicia vinculadas a la materia del acuerdo y constituye una medida idónea para

garantizar la eficacia y la adecuada coordinación interjurisdiccional del proceso de

transferencia;

Que el alcance del acuerdo a suscribir comprende la transferencia de la competencia

material y de la función judicial prevista para la Justicia del Trabajo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en los artículos 4° al 9° del Anexo A de la Ley 6.790;

Que asimismo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 2 de la

Constitución Nacional, el convenio que acuerde la transferencia de la función judicial

deberá prever las correspondientes negociaciones para la celebración de los

convenios específicos de transferencia o reasignación de recursos;

Que la presente delegación reviste carácter específico y excepcional, circunscripto a

los términos del presente Decreto, y el convenio que se suscriba deberá ser sometido

a la correspondiente aprobación legislativa, de conformidad a lo establecido en el

artículo 80 inciso 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la

intervención de su competencia en los términos de la Ley 1.218;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 6.684,

Artículo 1°.- Delegar en el Ministro de Justicia la facultad de instrumentar y suscribir,

en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el convenio

con el Estado Nacional tendiente a la transferencia de la función judicial en materia

laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Artículo 2°.- El convenio que se suscriba en ejercicio de la delegación conferida

mediante el artículo 1° deberá ser oportunamente remitido a la Legislatura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su aprobación, conforme a lo dispuesto por el

artículo 80, inciso 8, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Ministro de Justicia y por el Jefe

de Gabinete de Ministros.

Artículo 4°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comunicar a

la Subsecretaría Relaciones Gubernamentales del Ministerio de Justicia. Para su

conocimiento y demás efectos, remitir al Ministerio de Justicia. Cumplido, archivar.

MACRI - Tapia - Sánchez Zinny