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VISTO:

La Actuación Interna N° 3197/08 de esta Fiscalía General;

CONSIDERANDO:

- I -

Que mediante la sanción de la ley local 2257 y la ley nacional 26.357, se ratificó el Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el señor Presidente de la Nación, Dr. Nestor Kirchner y el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Anibal Ibarra, el 1° de junio de 2004.

Que conforme se dispuso en el criterio general de actuación establecido en la resolución FG n° 54/08, la fecha de entrada en vigencia del mentado Convencio operará a partir del día 9 de junio del corriente año.

- II -

Que entre los delitos traspasados a través del acuerdo se encuentra el contemplado en el Artículo 181 del Código Penal de la Nación, que preve la figura de usurpación, y que sanciona con prisión de seis meses a tres años al "que por violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad, despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el depojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes".

Que, en este contexto, cabe resaltar que el nuevo Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 2303) prevé expresamente la restitución del inmueble en casos de usurpación, colocando bajo responsabilidad del Fiscal o el Juez la disposición del reintegro provisional e inmediato de la posesión o tenencia de la finca objeto del delito.

Que en efecto, dicho cuerpo normativo, en su artículo 335, último párrafo, establece que "en los casos de usurpación de inmuebles, en cualquier estado del proceso y aún sin dictado de auto de elevación a juicio, el/la Fiscal o el/la Juez/a, a pedido del/la damnificado/a, podrá disponer provisionalmente el inmediato reitegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuera verosímil. Se podrá fijar una caución si se lo considerare necesario".

Que la norma indicada encuentra su correlato en la normativa nacional en el artículo 238 bis del Código Procesal Penal de la Nación, y su aplicación ha sido ratificada por la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que en reiterados fallos estableció que "corresponde ordenar la restitución del inmueble, conforme lo establecido en el art. 238 bis del C.P.P., que faculta el inmediato reintegro de la posesión en los casos en los cuales, de la investigación realizada, se desprende que los legítimos tenedores fueron despojados de la tenencia del inmueble" (C.N.Crim. y Correc., Sala VII, causa 18.677 Huaroto Lazo, Jaime y otros, rta. 27/05/02).

Que en el mismo sentido, se ha dicho que "la restitución del inmueble con relación al delito de usurpación conforme el art. 181, inc. 1° C.P., se impone a los efectos de hacer cesar el delito y por ser el art. 238 bis una ley adjetiva, la aplicación de la norma resulta inmediata" (C.N.Crim. y Correc., Sala IV, causa 14899, Poblet, Hugo, rta. 16/11/00).

Que de lo expresado precedentemente se desprende que, además, la medida de lanzamiento contribuye al cese del delito e impide la continuidad de sus efectos y las consecuencias del mismo

Que tal circunstancia no resulta una cuestión menor, puesto que el art. 86, inc. 1, del C.P.P.C.A.B.A. dispone que la policía y las fuerzas de seguridad, bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, deberán impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencas ulteriores y, a su vez, deberán hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar (art. 88, inc. 8 del C.P.P.C.A.B.A.).

- III -

Que por todo lo expuesto en el apartado anterior, de constatarse los requisitos exigidos por la norma y ante la existencia de tal manda legal, se vislumbra la necesidad de contar con un procedimiento especial que permita, por un lado, cumplir con la restitución del inmueble que estipula la ley y, por el otro, reducir el impacto social que pudiera acarrear la disposición de una medida de tales caracteristicas.

Que en tal sentido, confluyen en la problemática que involucra la restitución de los inmuebles usurpados diferentes elementos de importancia que exigen al Ministerio Público Fiscal, como órgano rector de la investigación penal, la oportuna, pertinente y articulada actuación de todos los organismos del poder ejecutivo de la Ciudad cuya participación resulte necesaria según cada caso, a fin de que el procedimiento de restitución se plasme de la forma menos lesiva posible, en tanto la desocupación no tenga lugar de manera voluntaria o por acuerdo.

Que todo ello derivó en la elaboración por parte de la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con la Oficina de Acceso a Justicia, de un protocolo que involucra la actuación de los diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires competentes en la materia y que fueron consultados a tal fin (la Direccion General de Defensa Civil, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias -dependientes de la Subsecretaría de Emergencias-; la Dirección General de Atención a la Víctima, la Dirección General de las Minorías y sus Garantías -dependientes de la Subsecretaría de Derechos Humanos-; la Dirección General Adjunta del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) -dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud-; la Dirección General de Asistencia Inmediata -dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario-, La Dirección General de Higienización -dependiente de la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental, la Dirección General de Protección dle Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo y la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de la Agencia de Gubernamental de Control), quienes en forma coordinada con el Fiscal interviniente tomarán intervención en el procedimiento de restitución contemplado en el art. 335, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Por ello, habiendo dictaminado el Secretario General de Política Criminal y Planificación Estratégica, de conformidad con lo dispuesto en los art. 5 y 18 inc. 5 de la ley 1903, y el art. 335 último párrafo de la ley 2303;

Artículo 1: Establecer como criterio general de actuación que, en los supuestos en que se proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 335, último párrafo del Código Procesal Penal de la Ciudad, los Fiscales intervinientes deberán aplicar el Protocolo de Actuación para la Restitución de Inmuebles Usurpados, que como Anexo I forma parte integral de la presente y que fuera elaborado por la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 2: Invitar a los responsables de las áreas intervinientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Subsecretaría de Emergencias; Subsecretaría de Derechos Humanos; Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental, la Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control) a dictar los correspondientes actos administrativos que incorporen el procedimiento establecido en el Protocolo de Actuación señalado en el artículo anterior.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal, ofíciese a los Magistrados del Ministerio Público Fiscal, a la Legislatura, al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, y al Ministerio de Gobierno de la Ciudad, acompañándose copia de la presente, y oportunamente archívese. Garavano

ANEXOS

ANEXO